31-01-2017 18:16
Si la izquierda, en su repetida sátira e ironía contra Donald Trump durante su demencial campaña electoral, ya quedó helada, incrédula y estupefacta cuando se consumó la victoria presidencial del magnate neoyorkino, desde el pasado viernes esa conmoción sostenida hasta su investidura debe de haber dado paso a algo mucho más traumático y turbador: el miedo. El último clavo ardiendo era que Trump no cumpliese sus promesas electorales, que matizase su programa electoral por el bien de la estabilidad, que se desdijera de cosas que dijo (algo muy habitual en él), y que al final su mandato no fuese lo que amenazaba con ser.
El viernes 27 por la tarde el Presidente de los Estados Unidos firmó la orden ejecutiva que cerraba las fronteras del país a inmigrantes (con o sin visa) y refugiados desde siete países de mayoría musulmana haciendo realidad una de sus propuestas más difíciles de creer por moralmente miserable y por ser, sin lugar a dudas, inconstitucional. Han habido pequeñas victorias, como la jueza federal del Distrito Este de Nueva York, que ha sentenciado que no se puede deportar a los inmigrantes que ya han aterrizado en suelo estadounidense. Tan pequeño, tan insignificante es ese palo en las ruedas de la orden ejecutiva, que los beneficiados por esa sentencia que les libra de ser expulsados siguen bloqueados en los aeropuertos y no parece probable que se les permita la entrada al país. El resto, los que todavía no han volado a EE.UU., no tendrán la posibilidad siquiera de intentarlo hasta dentro de tres meses.
Lo más optimistas confían en que alguna instancia superior americana salvaguarde la Constitución y detenga esta locura, pero las cosas no pintan del todo bien. El sistema estadounidense, nos explica Beatriz Sevilla —estudiante de física que vivió en Estados Unidos una temporada—, requiere «un procedimiento de revisión judicial para tumbar una ley», de modo que esa ley «tiene que estar en vigor, afectar a alguien y que ese alguien solicite una sentencia de inconstitucionalidad a la Corte Suprema». El proceso consta de varios pasos (aceptar la solicitud, escuchar argumentos y emitir su fallo) que pueden alargarse durante meses, así que es improbable que esto acabe de manera rápida e indolora.
En el mundo del videojuego ya empezamos a sentir las primeras perturbaciones fruto de esta bofetada fundamental y masiva. Dentro de un mes se celebra la trigésimo primera edición de la Game Developers Conference en California y algunos de sus asistentes han tenido que cancelar su viaje por culpa de este veto. No se conocen cifras oficiales sobre los nacidos en Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria o Yemen que se cuentan entre los desarrolladores alistados que pretendían estar en el Moscone Center de San Francisco (la International Game Developers Association habla de solo dos entre los 8.000 miembros de la asociación), pero algunos ya han anunciado un cambio forzado de sus planes. Polygon ha hablado con algunos.
Uno de ellos es Shahid Kamal Ahmad, exdirector estratégico en PlayStation Europa y actualmente desarrollador en Londres, a cargo del estudio Ultimatum Games. Aunque el origen de su familia es indio, un país que no figura en la lista de vetados por la orden ejecutiva de Trump, Shahid es un musulmán practicante y muy activo (de hecho se crió en la Ahmadía —una especie de corriente islámica reformista que el resto de la comunidad musulmana tiende a no considerar parte de su religión— y la abandonó hace casi una década y media para declararse musulmán), y aseguró en Twitter que, aunque cree que tiene derecho legal a entrar en Estados Unidos (por ser británico), no piensa averiguarlo y ha cancelado su viaje a San Francisco. «Seguro que estoy en alguna lista de todos modos», se lamenta.
De Navid Khonsari ya hablamos una vez: trabajó en Rockstar y en Remedy, y es el desarrollador canadiense de origen iraní tras 1979 Revolution: Black Friday, el juego que busca hablarnos de la Revolución Islámica que tuvo lugar en Irán a principios del año 1978 y se consumó un año y un mes más tarde. Su proyecto ha recibido reconocimiento en varios medios y numerosasnominaciones en premios de prestigio como los The Game Awards 2016, los D.I.C.E. Awards 2017 o los premios del Independent Games Festival.
Khonsari reside en territorio estadounidense desde hace 17 años y como poseedor de una green card no debería temer a su regreso de un viaje a otro país. Dice que tiene miedo de que, en vista de la incertidumbre que está transmitiendo el gobierno de Trump con respecto a la seguridad de sus fronteras, algo salga mal y no le dejen entrar de nuevo en Estados Unidos, así que ha cancelado todos sus compromisos fuera de las fronteras del país. Sus preocupaciones se extienden incluso al fruto de su trabajo: dice que 1979 Revolution podría ser un arma arrojadiza si pretenden atribuirle algún tipo de intencionalidad política que pueda ser considerada peligrosa.
Además de su situación personal, Shahid Kamal Ahmad dijo en Twitter otra cosa muy interesante: «La industria del videojuego sufrirá como resultado de este veto, y la mayor beneficiada será Canadá». El veterano del sector refiere aquí al talento que Estados Unidos está directamente rechazando en el campo del desarrollo de juegos y que irá directo a otra industrias en lugares más tolerantes. La propia GDC se ha posicionado con vehemencia sobre este asunto: «la GDC es una comunidad global; estamos horrorizados por el #MuslimBan [NdT: el veto antimusulmán). Por supuesto que devolveremos el dinero a los asistentes afectados, y seguiremos luchando por la inclusividad».
Algunos asiduos a la convención ya le han pedido a la organización que considere seriamente trasladar el evento a otro país en ediciones futuras. Uno con muchas posibilidad podría ser precisamente Canadá. Un discurso similar es el Kate Edwards, directora ejecutiva de la IGDA y la GDC: «el problema (...) está en la propagación de la xenofobia en el gobierno de EE.UU. y en cómo va a afectar claramente a la capacidad del país para contratar talento y seguir siendo competitivo a nivel global».
Es una aproximación productivista muy anglosajona que en las redes sociales de España también se ha reflejado: fotos de Albert Einstein circulan por Twitter y Facebook con un rótulo que dice «Refugiado». No es necesariamente malo atacar a esta ley draconiana con argumentos relativos a la capacidad, la posibilidad de éxito o la aportación a la sociedad, aunque jamás debería ser lo más importante ni la razón principal para permitir la entrada a personas inocentes, ya sean refugiados huyendo de la guerra, mentes privilegiadas dispuestas a enriquecer al país que les acomode sus recursos o desarrolladores con talento ansiosos por ofrecer nuevas ideas al videojuego. En un mundo ideal bastaría con una sola condición como requisito para que se tuviesen en cuenta sus derechos: la condición de seres humanos.
GDC is a global community - we're horrified by the #MuslimBan. Of course we'll refund affected attendees, and keep fighting for inclusivity.
— Official_GDC (@Official_GDC) January 29, 2017
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