A principios de año algunas organizaciones relacionadas con el desarrollo de videojuegos ya nos ponían sobre aviso de la deriva anti-inmigración que había tomado la actual administración de los Estados Unidos. Solo hacía unos días que Donald Trump había firmado su orden ejecutiva más famosa que vetaba el acceso al país a habitantes de algunos países que se consideraban de mayoría musulmana, así que estaba por ver si realmente esto iba a afectar a la industria a largo plazo o no.

Ahora parece que tenemos algo parecido a una confirmación: ayer en una mesa redonda del festival Games for Change que se acaba de celebrar en la ciudad de Nueva York, representantes de Electronic Arts —Craig Hagen, jefe de relaciones gubernamentales en EA— y Take-Two —Alan Lewis, vicepresidente de comunicación y asuntos públicos en T2— estuvieron charlando sobre cuestiones que consideran que están perjudicando cada vez más a la industria del videojuego. Quizá lo más interesante es que no solo trataron el tema migratorio, tal como recoge la crónica de Samit Sarkar para Polygon que sirve de fuente a este texto, sino que también tenían dos quejas más sobre Trump: sus políticas de educación y de comercio.

Al respecto del enfoque inmigratorio del Presidente, pocas sorpresas: Lewis y Hagen estaban de acuerdo en que esto se ha convertido en un obstáculo importante, y que además el problema es de doble filo. Por un lado el talento nacido en determinados países y culturas es mucho más reacio a viajar a territorio estadounidense para labrarse una carrera y contribuir al desarrollo de grandes proyectos, y por otro los dos portavoces aseguraron que sus compañías cada vez tienen más difícil retener el talento extranjero: empleados que no viven en EE.UU. con la tranquilidad de hace unos años y consideran a menudo irse a otros países como Canadá, que está aprovechando la fuga de cerebros (de inmigrantes pero también de americanos) para reclutar talento.

Tal como recuerdan en Polygon, la Cámara de Representantes acaba de aprobar la famosa propuesta de gasto para construir el muro en la frontera con México (1.600 millones de dólares que no tienen pinta de que vayan a devolverles, como prometía Trump, los mexicanos) y ya está en marcha un plan para reducir a la mitad la inmigración legal (insisto: legal) en Estados Unidos. Incluso los visados que el gobierno concede para llevar a su país trabajadores altamente cualificados han sufrido recortes y han aumentado en requisitos, limitándose además a determinados sectores. Los obstáculos son cada vez mayores, y eso es un problema muy serio en una industria que, como dice Hagen, «sufre una carencia constante de trabajo cualificado» y además cada vez requiere especializaciones más específicas y exigentes como en cuestiones de inteligencia artificial o análisis de datos.

La parte menos obvia de la charla fue también la más interesante. Al parecer, en vista de los problemas para traer trabajadores de fuera, las compañías están intentando fijarse un poco más en el talento nacional y sorprendentemente se han encontrado con más problemas derivados de las políticas del gobierno actual: la idea de Trump es que la gestión de la educación sea responsabilidad de cada estado, de modo que el departamento federal de Educación no tiene recursos ni influencia para extender programas de enseñanza para potenciar las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), que son esenciales para toda industria tecnológica, incluida la del videojuego. Además la administración se prepara también para proponer recortes de hasta el 13% (más de 9.200 millones de dólares) en el presupuesto para 2018 en materia de Educación.



En cuanto a la cuestión del comercio, parece que la evolución natural de los videojuegos hacia las ventas en formato digital en detrimento del soporte físico (en el año fiscal 2017 las dos compañías representadas en esta mesa redonda vendieron más de la mitad de sus juegos en digital: 55% Take-Two y 61% Electronic Arts, y la tendencia es al alza) también se encuentra con un techo preocupante. Las políticas de Trump en cuanto a infraestructura de comunicación apuestan por la liberalización total del sector, renunciando al papel del gobierno en la implantación de redes y dejando la decisión a las grandes compañías de internet, que difícilmente van a invertir en mejorar el ancho de banda de zonas rurales o empobrecidas del país. Por lo visto la competitividad de los proveedores de servicios de internet en EE.UU. ha caído en picado, y se dice que han llegado a un punto en el que nadie se queja de su compañía porque sabe que el resto son iguales o peores.

El sector de los servicios internet tiene el dudoso honor de ostentar la simbólica medalla a la compañía más odiada de América (Comcast) y al mismo tiempo también el del peor servicio de atención al cliente (Warner Cable), y no parece que nada vaya a cambiar en un país en el que los lobbies de la telecomunicación han conseguido aprobar leyes que restringen la actuación a nivel municipal, impidiendo que las ciudades pequeñas y mal atendidas puedan crear sus propias redes de banda ancha.

Al enfoque comercial de Trump que Hagen tilda de «cortoplacista y aislacionista» hay que sumar las ya tradicionales dificultades de los gobiernos y legisladores para «ponerse al día con los constantes cambios tecnológicos», afirma Lewis, que afectan a la manera en que vivimos, trabajamos, estudiamos y consumimos. En este sentido todo cambio en la manera de trabajar de un gobierno tendrá siempre efectos en la industria del videojuego, tanto quienes viven de ella como quienes la alimentamos, y parece que las políticas de Donald Trump representan un cambio especialmente problemático para las dos partes.

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