El Gobierno de Mariano Rajoy obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la patronal farmacéutica que, a la postre, actúa como blindaje de los medicamentos de marca y freno para los más económicos medicamentos genéricos. Sin firma no hay fondos para sostener los servicios autonómicos.

El Ministerio de Hacienda introdujo este nuevo requisito obligatorio para autorizar los 10.276 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) acordados para 2017 destinados a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana. El convenio promovido por Hacienda y Sanidad garantiza un nivel de gasto público anual en productos de Farmaindustria. Un traje a medida de los laboratorios incluidos en esta patronal.

Al rubricar el acuerdo para que el Ejecutivo autorice los fondos del FLA, la situación queda así: si las consejerías gastan en estos fármacos de marca menos que el crecimiento del PIB, las comunidades autónomas deben compensar a las empresas. Si es al revés, deberían ser los laboratorios los que compensaran. De esta manera el mensaje es "gasta en estos productos porque si vas a otras alternativas serás penalizado", explican algunos de los departamentos afectados.

Se focaliza así la inversión en un sector. Este documento significa, de hecho, un freno efectivo para alternativas más económicas y refuerza un statu quo a la medida de Farmaindustria, cuentan desde las consejerías.

Aunque el acuerdo recoge literalmente que "se facilitará la adhesión a aquellas comunidades que lo deseen", es decir, deja patente su carácter voluntario, Hacienda ha utilizado el sistema FLA de financiación regional como una palanca para que diez comunidades se incorporen a este modelo. Lo hizo en la primera oportunidad que tuvo tras rubricar del convenio: el documento lleva fecha de 29 diciembre de 2016 y aparece como condición para acceder a la financiación en la asignación "para los dos primeros trimestres de 2017", según explicó Hacienda.  

Carmen Montón, consejera de Sanidad valenciana –una de las administraciones incluidas– resume que esta obligación "pone entre la espada y la pared a autonomías que tienen la necesidad de recibir el FLA ya que sufrimos una grave infrafinanciación".

Fuente

Lo he leido antes y me parece algo extremadamente grave.

Precisamente las farmaceuticas tienen problemas para rentabilizar los productos de marca por los precios tan bajos de los genericos, lo cual significa que la diferencia de precio es apreciable.

Se va imponiendo lo que tantas distopias de ciencia ficción imaginaron: en el futuro el poder no lo tendrá el gobierno sino las corporaciones.

Prefiero que el poder lo tengan las corporaciones (sobre las que siempre podremos decidir si compramos o no su producto) que el Gobierno, que te encarcela como no hagas lo que te ordena.

Es que para empezar todo lo relativo al ámbito sanitario debería ser de gestión pública.