El Gobierno ha aprobado este viernes un real decreto ley de medidas urgentes en el sector energético que, entre otras cosas, liquida el famoso impuesto al sol, amplía el bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y lo extiende a la calefacción, prohíbe a las eléctricas la práctica del ‘puerta a puerta’ y suspende dos impuestos a la generación de electricidad para intentar aplacar la actual escalada de los precios de la luz.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ha explicado que la medida estrella del Gobierno para intentar abaratar el recibo, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica anunciada hace unas semanas en el Congreso, durará seis meses. Además, irá acompañada de una medida equivalente (también por seis meses) para el impuesto de hidrocarburos, lo que abaratará la producción de electricidad con gas natural (centrales de ciclo combinado).

El impacto en la factura de suspender esos impuestos (que las eléctricas repercutían a los precios del mercado) será de "alrededor del 4%", según Ribera. Se trata de suspender esos gravámenes durante seis meses "e ir trabajando en la gran reforma del mercado", que "no está claro que sea el óptimo".

En materia de renovables, el Gobierno va a extender el plazo de tramitación de los más de 9.000 megavatios (MW) de potencia que adjudicó el anterior Ejecutivo mediante un sistema de subastas, más allá del próximo 31 de diciembre. "O ampliábamos ese plazo", ha dicho Ribera, o "era muy difícil poder llegar" porque solo estaban tramitados 80 MW.

El decreto incluye también, tal y como anunció Ribera en el Congreso el mes pasado, un paquete de medidas relativas a la pobreza energética y los consumidores vulnerables. Se refuerza el bono social de electricidad elevando un 15% los umbrales de consumo que tienen derecho a descuento, y se crea un nuevo bono social para calefacción. Además, se amplían los beneficiarios de este instrumento a las familias monoparentales y a las familias dependientes de grado I y II. Ribera ha recordado que el 85% de las familias con un solo progenitor e hijos menores de 6 años están encabezadas por mujeres.

La ministra ha avanzado que se trata de medidas pensadas para este invierno, hasta que se perfile la Estrategia Nacional para la lucha contra la Pobreza Energética que debe perfilarse dentro de seis meses y en el que hará que los criterios de renta "tengan prioridad". Preguntada por el hecho de que el bono social de la luz (y ahora también el de calefacción) va a seguir beneficiando a todas las familias numerosas, independientemente de su renta, Ribera ha dicho que en esa futura estrategia la renta deberá ser "un elemento determinante" en la fijación de las políticas que la acompañen.

En materia de protección de los consumidores, el Gobierno va a prohibir la práctica del "puerta a puerta", tras detectarse numerosos abusos de los comerciales que, subcontratados por las eléctricas, tratan de convencer a los clientes de que abandonen la tarifa regulada (PVPC) y se pasen al mercado libre, que es más caro y ya copa cerca del 60% del mercado doméstico.

Además, se incluirá más información en las facturas, informando los consumidores de las ventajas de contratar la tarifa de discriminación horaria, con precios mucho más baratos en las horas valle (por la noche y por la mañana). Y se permitirá a los usuarios ajustar su potencia contratada, porque actualmente el hogar medio, según Ribera, utiliza una potencia "muy superior" a la requerida.

El paquete de medidas también incluye la anunciada derogación del denominado "impuesto al sol" que puso en marcha el Gobierno del PP para las instalaciones de autoconsumo eléctrico con más de 10 kilovatios de potencia, aunque nunca se llegó a aplicar por la ausencia de desarrollo reglamentario.

"Por fin este país se libra del gran absurdo del que se han mofado observadores internacionales como es el impuesto al sol", ha señalado Ribera, que ha instado a "aceptar con total normalidad que hay productores mucho más diversos" y ha recordado que "un país tan rico en sol como es España" cuenta con apenas un millar de instalaciones de este tipo, frente a "más de un millón en Alemania".

En relación con el autoconsumo, el decreto también reduce trabas burocráticas, en especial para el autoconsumo compartido, y simplifica los trámites para la puesta en marcha de instalaciones de pequeña potencia.

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Lo de quitar el impuesto al sol lo compro. Pero sobre el Bono Social he leído de todo. Desde que es el mismo que el PP a que solo te da 2 horas de aire acondicionado al mes, infinidad de trabas para solicitarlo y demoras en aplicarlo.

Si te sirve, yo tengo bono social por mis bajos ingresos, y se pasó del 25% de descuento del año pasado, al 40% a comienzos de este, en potencia y consumo. Y mágicamente, este año me ha aumentado el consumo una burrada, porque ¡OH, otra casualidad! Hay un tope de consumo que cubre el el bono social. En tú caso, al ser dos sueldos en la unidad familiar igual ya os ponen pegas, no lo sé bien, pero si sé que aquí en La Rioja ha aumentado el número de gente con bono social espectacularmente, no sé si porque nos estamos yendo a la mierda, o porque de verdad tiene condiciones más accesibles. Tú haz la prueba, hay que presentar nada más fotocopia del DNI y certificado de empadronamiento, al menos en mi pueblo, y con eso, los de arriba miran a ver si eres merecedor del honor, que yo preferiría no merecerlo y ganar más, pero algo es algo.

Por lo demás, aconsejar también la combinación de taifa de precio voluntario para el pequeño consumir (la antigua tarifa de último recurso) + horas valle, sea por la noche, sea a elección si lo permite el contrato. Eso sí, los precios sólo han subido durante todo el puto año, en potencia y consumo.

Yo no tengo problema, de hecho ni me planteo solicitarlo. Pero lo que tienen que hacer es meter mano a las putas eléctricas y que no hagan falta bonos sociales.

La batalla por el autoconsumo masivo se libra en las comunidades de vecinos

Cuando se piensa en autoconsumo eléctrico en España a menudo la estampa es siempre la misma: placas solares instaladas sobre el tejado de una casa unifamiliar alejada del entorno urbano. No es de por sí una imagen habitual —en España los autoconsumidores apenas superan el millar— pero aunque lo fuera, las posibilidades de producir y consumir nuestra propia energía seguirían siendo muy minoritarias. La realidad de la vivienda en nuestro país, donde el 65% de la población vive en edificios, choca de frente con una verdadera transición hacia la soberanía energética. Somos uno de los países de la Unión Europea con un mayor número de horas de sol, pero también con el mayor porcentaje de habitantes viviendo en bloques de pisos. Y hasta ellos no está llegando la energía fotovoltaica.

A diferencia de una instalación individual, las que se destinan a una comunidad de consumidores requieren de un uso compartido de la red. Su uso es legal —una sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2017 anuló la prohibición que hasta entonces pesaba sobre el autoconsumo compartido, abriendo la puerta a su expansión entre las comunidades de vecinos— pero las trabas burocráticas, la falta de una regulación específica y la inseguridad tras años de recortes a las renovables, han hecho que, en la práctica, sean del todo inexistentes.

“Hemos tenido todos los problemas, todos”, reconoce a Público Daniel Pérez, responsable legal de Holaluz, la compañía detrás de la única instalación de autoconsumo compartido que existe hoy por hoy en España. Está en el municipio de Rubí, en Catalunya, y suministra a dos viviendas vecinas con siete placas y una batería inteligente que han costado 9.000 euros. En teoría, tendría que haber estado lista en tres meses, pero la falta de regulación retrasó el proceso hasta una odisea administrativa que se prolongó durante más de un año.

“Me consta que otros lo han intentado, pero esta es la única que ha salido adelante, porque fuimos pesados, porque peleamos mucho y recurrimos. La primera reacción de la distribuidora fue decirnos que no, porque aunque es legal, no está establecido cómo compartir la red”, señala Pérez.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció este viernes la derogación del impuesto al sol —el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación— en un real decreto ley que también simplifica los trámites burocráticos y técnicos requeridos y que reconoce el derecho al autoconsumo compartido. Las organizaciones ecologistas y los expertos celebran el impulso, pero matizan que es necesario leer la letra pequeña.

“La idea es que esto sea masivo, no algo de un valiente, por eso es importante decir cómo se regula, porque si no la inseguridad jurídica es enorme”, dice Álvaro Larraza, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.

La única propuesta normativa al respecto que existe hoy en día es un borrador redactado por el anterior Ministerio de Energía del Gobierno del PP que aceptaba que el propietario de una instalación pudiera suministrar energía a varios consumidores, pero que sigue contemplando importantes restricciones.

La más importante, considera Daniel Pérez, es la que limita el consumo por cuotas asignadas, eliminando la principal ventaja de estas instalaciones que es, precisamente, aprovechar toda la energía que se genera. “Esto implica que si mi vecina y yo compartimos una instalación de 2 kilovatios, y yo no estoy en casa y ella sí, ella sólo puede utilizar 1 kilovatio. El otro se regala a la red y además, seguramente tenga que comprar el que le falta”, señala. “Después de prohibir el autoconsumo, esta es la segunda forma más eficaz que se me ocurre para restringirlo”, añade.

Álvaro Larraza apunta también a otro defecto de la propuesta, que es el que obliga a que una instalación de autoconsumo esté ubicada en la misma referencia catastral en la que se consume la energía. “Puede ocurrir que la azotea de un edificio no sea un sitio adecuado para poner los paneles, porque tenga mucha sombra, o porque dé problemas, pero justo a unos metros hay un sitio ideal. Habría que abrir la mano en este tipo de cosas y que la norma no ponga restricciones artificiales”, afirma.

Por último, ambos hacen hincapié en una barrera menos tangible: la social. “Que quede claro que el autoconsunmo es legal y es rentable, hay que destruir el viejo discurso”, dice Pérez. “Es importante que salgan empresas que lo hagan atractivo, porque aunque haya una norma, la barrera social y el fantasma del pasado están ahí”.

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