Las eléctricas han echado un último órdago al Gobierno en materia de energía nuclear: o se bajan los impuestos que gravan estas centrales, o el parque actual -compuesto por ocho reactores, uno de ellos parado desde 2012- no es sostenible. 

Endesa e Iberdrola, los dos principales operadores del país, han preparado una batería de informes realizados por consultoras españolas e internacionales para presentar al Gobierno la "inviabilidad económica" del sector con las condiciones actuales de operación. En uno de estos informes, al que ha tenido acceso EL MUNDO, se comparan los impuestos que gravan a los centrales españolas y a las de Francia, donde la energía atómica abastece al 80% de la energía consumida en el país. La tesis es que las centrales de ambos países mostrarían niveles de eficiencia similares si se igualaran los impuestos. 

El informe, firmado por Compass Lexecon, remarca que en España cada megavatio hora (mwh) generado por esta fuente de energía -responsable de una quinta parte de la electricidad del país- conlleva impuestos por 9,97 euros. En Francia, el peso fiscal del mismo mwh es de 3,42 euros, con una diferencia entre ambos países de 6,55 euros. Considerando los 55,5 millones de mwh producidos por las nucleares españolas durante 2016, la brecha fiscal entre ambos países ascendería a 363 millones de euros, cifra que se elevaría a 395 millones al incluir la tasa catalana que recae sobre tres reactores. La diferencia radica en los impuestos introducidos en el año 2012 para cuadrar las cuentas del sistema eléctrico. 

Se trata de dos tributos que gravan la generación de energía eléctrica con un tipo del 7% y otro que se centra en los residuos y el combustible de estas centrales. La energía atómica atraviesa un momento crucial en el país. El Gobierno va a abrir una fase de consultas con los principales operadores y otros actores interesados para debatir la presencia de esta tecnología en el 'mix' energético de España. La tesis inicial del Ministerio de Energía es que el cierre a corto plazo de las centrales -como proponen PSOE y Podemos- supondría un encarecimiento de la tarifa eléctrica próximo al 25%. 

Extender su uso

En este sentido, la idea es extender su uso al menos hasta la década de los treinta e impulsar mientras tanto la instalación de capacidad energética de origen renovable para sustituir su presencia en el mercado. El debate tendrá que punto de partida la central burgalesa de Santa María de Garoña, parada desde 2012 y a la espera de recibir o no autorización del Gobierno para reabrir tras el visto bueno dado a su operación por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

No obstante, la cuestión es mucho más profunda ya que se acerca la renovación de otras instalaciones en los próximos años y las eléctricas aseguran que en el actual escenario fiscal no permite su operación rentable. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, abrió la puerta la pasada semana a una "revisión" de los impuestos instaurados sobre la nuclear por su antecesor en el cargo, José Manuel Soria. 

No obstante, y de forma paralela, el departamento está trabajando en la elaboración de una normativa que reste a las compañías poder para dejar de operar centrales argumentando que no son rentables para evitar riesgos sobre la seguridad energética del país.

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Impuesto Cataluña¿¿