29-08-2018 16:41
"Desde hace bastantes años, los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región sufren en España violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales". Esta es la primera frase de la demanda civil que Carles Puigdemont y cuatro de sus 'consellers' presentaron ante los tribunales belgas y que ha provocado que se cite al juez que los investiga, Pablo Llarena, por acusaciones de falta de independencia. El escrito asegura textualmente que España es "un Estado delincuente", comparable, por ejemplo, a Kazajistán.
El Estado y también sus jueces: "El sistema judicial español ha sido hasta el momento incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial: distintas jurisdicciones de España han tomado numerosas decisiones judiciales realizando múltiples violaciones incompatibles con los valores que fundamentan la Unión Europea", destaca. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a defender al juez Llarena frente a esta acción civil, en la que se le reprocha, entre otras cosas, que continuara con su investigación penal en el Supremo después de las últimas elecciones catalanas en las que Puigdemont se erigió como vencedor con el apoyo de ERC y la CUP.
"El comportamiento del juez Llarena expresa lo que ya fue denunciado respecto a los oponentes políticos vascos: el sistema judicial español es incapaz de tratar a los opositores independentistas respetando los derechos fundamentales", destaca y acusa al juez de "comparar el proyecto y las convicciones políticas de los investigados con una concepción penalmente reprensible".
En todo el desarollo del escrito hay tres referencias a actividades 'privadas' del juez, esas que Justicia ha dejado fuera de defensa. Se menciona una conferencia de 2014, años antes de la instrucción, en un seminario organizado por FAES, se reproducen sus declaraciones de Oviedo en las que negó que en el procedimiento hubiera presos políticos y se cita su intención de acudir a los cursos de verano de El Escorial. En todo momento se vincula su manera de proceder con la de un Estado y una Justicia represoras.
El relato
La demanda de poco más de 20 páginas, realiza un recorrido por los hechos desarrollados desde 2015 -momento en que las fuerzas independentistas ganaron las elecciones "por mayoría absoluta"- y los inicios de la causa judicial. Realiza el relato exclusivamente desde el punto de vista de los acusados y va desgranando un relato en el que se pinta los sucedido en septiembre y octubre desde el prisma de la violencia institucional.
Así describe los hechos de la Consellería de Economía, durante las manifestaciones que obligaron a una delegación judicial a huir por el tejado del edificio: "el 20 de septiembre, 14 altos funcionarios y técnicos de la Generalitat fueron repentinamente arrestados a petición del juez de instrucción 13 de Barcelona. Decenas de miles de personas se concentraron durante horas para protestar pacíficamente contra las detenciones y los registros".
Respecto a la jornada de votación, asegura que se desarrolló de forma "completamente pacífica" salvo por la acción de la Policía y la Guardia Civil. "Entraron violentamente en los centros de votación (generalmente escuelas) para impedir el derecho a voto de los ciudadanos"....más de 1.000 personas necesitaron asistencia médica mientras varios observadores internacionales recogían "pruebas de esta violencia", agrega.
También se refiere al Rey del que dice que "rompió su silencio para atacar a los catalanes" y describe la aprobación y aplicación del artículo 155 como una decisión tomada "ante la pretendida ilegalidad" de los actos del Govern catalán. Asegura también que Puigdemont conoció que la jueza Carmen Lamela le citaba junto al resto de huídos en Bélgica, cuando pasaba unos días allí junto a los otros cuatro demandantes. Trataron de "colaborar con la investigación" abierta mediante una declaración por videoconferencia que se les rechazó, añade.
Fuente
El Estado y también sus jueces: "El sistema judicial español ha sido hasta el momento incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial: distintas jurisdicciones de España han tomado numerosas decisiones judiciales realizando múltiples violaciones incompatibles con los valores que fundamentan la Unión Europea", destaca. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a defender al juez Llarena frente a esta acción civil, en la que se le reprocha, entre otras cosas, que continuara con su investigación penal en el Supremo después de las últimas elecciones catalanas en las que Puigdemont se erigió como vencedor con el apoyo de ERC y la CUP.
"El comportamiento del juez Llarena expresa lo que ya fue denunciado respecto a los oponentes políticos vascos: el sistema judicial español es incapaz de tratar a los opositores independentistas respetando los derechos fundamentales", destaca y acusa al juez de "comparar el proyecto y las convicciones políticas de los investigados con una concepción penalmente reprensible".
En todo el desarollo del escrito hay tres referencias a actividades 'privadas' del juez, esas que Justicia ha dejado fuera de defensa. Se menciona una conferencia de 2014, años antes de la instrucción, en un seminario organizado por FAES, se reproducen sus declaraciones de Oviedo en las que negó que en el procedimiento hubiera presos políticos y se cita su intención de acudir a los cursos de verano de El Escorial. En todo momento se vincula su manera de proceder con la de un Estado y una Justicia represoras.
El relato
La demanda de poco más de 20 páginas, realiza un recorrido por los hechos desarrollados desde 2015 -momento en que las fuerzas independentistas ganaron las elecciones "por mayoría absoluta"- y los inicios de la causa judicial. Realiza el relato exclusivamente desde el punto de vista de los acusados y va desgranando un relato en el que se pinta los sucedido en septiembre y octubre desde el prisma de la violencia institucional.
Así describe los hechos de la Consellería de Economía, durante las manifestaciones que obligaron a una delegación judicial a huir por el tejado del edificio: "el 20 de septiembre, 14 altos funcionarios y técnicos de la Generalitat fueron repentinamente arrestados a petición del juez de instrucción 13 de Barcelona. Decenas de miles de personas se concentraron durante horas para protestar pacíficamente contra las detenciones y los registros".
Respecto a la jornada de votación, asegura que se desarrolló de forma "completamente pacífica" salvo por la acción de la Policía y la Guardia Civil. "Entraron violentamente en los centros de votación (generalmente escuelas) para impedir el derecho a voto de los ciudadanos"....más de 1.000 personas necesitaron asistencia médica mientras varios observadores internacionales recogían "pruebas de esta violencia", agrega.
También se refiere al Rey del que dice que "rompió su silencio para atacar a los catalanes" y describe la aprobación y aplicación del artículo 155 como una decisión tomada "ante la pretendida ilegalidad" de los actos del Govern catalán. Asegura también que Puigdemont conoció que la jueza Carmen Lamela le citaba junto al resto de huídos en Bélgica, cuando pasaba unos días allí junto a los otros cuatro demandantes. Trataron de "colaborar con la investigación" abierta mediante una declaración por videoconferencia que se les rechazó, añade.
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![[Imagen: pig-demont.jpg]](https://vozlibre.com/wp-content/uploads/2018/06/pig-demont.jpg)