01-03-2019 21:05
El caso del cobro de comisiones fraudulentas con la venta de armas a Angola por parte de la empresa pública española Defex está listo para llegar a juicio. Después de una investigación que ha durado 11 años, siete de ellos en España, la Fiscalía Anticorrupción acaba de presentar su escrito de acusación contra 27 personas y tres empresas, entre las que se halla la propia Defex, que después de este escándalo está en proceso de liquidación.
El fiscal Conrado Sáiz, que ha dirigido la investigación con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y el juez de la Audiencia NacionalJosé de la Mata, cifra en su escrito la cantidad robada en 61 millones de euros. Y esto en sólo un contrato de Angola, porque hay otros 20 en fase de investigación en distintas piezas.
Según los cálculos realizados por los funcionarios de la Agencia Tributaria y la Intervención del Estado adscritos a Anticorrupción, los funcionarios públicos que dirigían la empresa dedicada a la venta de armas ocultaron 61 millones de beneficio. Esta cantidad es la diferencia entre los 104 millones que se lograron con el contrato y los apenas 43 que se declararon. Más de la mitad del dinero se esfumó y todos los mecanismos de control para localizarlo fallaron.
Defex trabajaba con una empresa privada, Comercial Cueto 92, por lo que la cantidad sustraída a las arcas del Estado es de 30,5 millones, la mitad de lo desaparecido. El dinero terminó repartido en paraísos fiscales y empresas pantalla de medio mundo.
Además de la malversación de este dinero, se ha podido demostrar a través de declaraciones y documentos encontrados en los registros, así como con movimientos de cuentas bancarias, que el fugitivo Guilherme Taveira, al que este periódico encontró en Angola, donde vive escondido de Interpol y protegido por las autoridades, fue el vehículo para pagar sobornos a funcionarios, políticos y familiares de estos de Angola.
Uno de los documentos clave se halló en las oficinas de Cueto: un papel donde están calculados todos los porcentajes que se llevaron los distintos implicados. Defex y Cueto pagaron a Taveira 7,3 millones, de los que este se quedó una parte y usó el resto para pagar sobornos.
![[Imagen: 15513850706789.jpg]](https://e00-elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2019/02/28/15513850706789.jpg)
Desde España se hicieron asimismo pagos a funcionarios angoleños, incluyendo 2,5 millones en cestas de Navidad y casi millón y medio para un fondo social de la policía angoleña.
En Luxemburgo, donde se originó del caso, aterrizaron 41 millones de euros que pasaron a ser administrados por una compleja red administrada por Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía Francisco Paesa.
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción relata a lo largo de 250 folios cómo Defex y Cueto realizaron numerosas operaciones sin ninguna razón comercial, es decir, sin que mediara un intercambio real de servicios, e incluso pagaron gratificaciones a sus sobornados en consultas médicas y operaciones.
El fiscal Sáiz relata cómo los fondos no declarados al Estado fueron cambiando de manos y países (Hong Kong, Bélgica y Suiza, entre ellos) y se invirtieron en operaciones inmobiliarias que generaron grandes beneficios. También se realizaron operaciones de blanqueo de capitales, como inventarse deudas de una empresa con otra para después saldarlas con dinero robado del contrato angoleño.
Las tres empresas acusadas en el caso son la propia Defex (es la primera vez que una empresa pública llega a juicio como acusada), Comercial Cueto y Global Reach, que formó parte de la operación de la deuda ficticia.
Entre los 27 acusados hay ex responsables de Defex, Beatriz García Paesa y su hermano Alfonso, y varios testaferros.
Los delitos que se imputan a los acusados, en distintos grados y participaciones, son: corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, organización y grupo criminal o, subsidiariamente, asociación ilícita, y los delitos continuados de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental.
https://www.elmundo.es/espana/2019/03/01/5c77e0a5fc6c83c20d8b45d3.html
El fiscal Conrado Sáiz, que ha dirigido la investigación con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y el juez de la Audiencia NacionalJosé de la Mata, cifra en su escrito la cantidad robada en 61 millones de euros. Y esto en sólo un contrato de Angola, porque hay otros 20 en fase de investigación en distintas piezas.
Según los cálculos realizados por los funcionarios de la Agencia Tributaria y la Intervención del Estado adscritos a Anticorrupción, los funcionarios públicos que dirigían la empresa dedicada a la venta de armas ocultaron 61 millones de beneficio. Esta cantidad es la diferencia entre los 104 millones que se lograron con el contrato y los apenas 43 que se declararon. Más de la mitad del dinero se esfumó y todos los mecanismos de control para localizarlo fallaron.
Defex trabajaba con una empresa privada, Comercial Cueto 92, por lo que la cantidad sustraída a las arcas del Estado es de 30,5 millones, la mitad de lo desaparecido. El dinero terminó repartido en paraísos fiscales y empresas pantalla de medio mundo.
Además de la malversación de este dinero, se ha podido demostrar a través de declaraciones y documentos encontrados en los registros, así como con movimientos de cuentas bancarias, que el fugitivo Guilherme Taveira, al que este periódico encontró en Angola, donde vive escondido de Interpol y protegido por las autoridades, fue el vehículo para pagar sobornos a funcionarios, políticos y familiares de estos de Angola.
Uno de los documentos clave se halló en las oficinas de Cueto: un papel donde están calculados todos los porcentajes que se llevaron los distintos implicados. Defex y Cueto pagaron a Taveira 7,3 millones, de los que este se quedó una parte y usó el resto para pagar sobornos.
Desde España se hicieron asimismo pagos a funcionarios angoleños, incluyendo 2,5 millones en cestas de Navidad y casi millón y medio para un fondo social de la policía angoleña.
En Luxemburgo, donde se originó del caso, aterrizaron 41 millones de euros que pasaron a ser administrados por una compleja red administrada por Beatriz García Paesa, sobrina del famoso espía Francisco Paesa.
El escrito de la Fiscalía Anticorrupción relata a lo largo de 250 folios cómo Defex y Cueto realizaron numerosas operaciones sin ninguna razón comercial, es decir, sin que mediara un intercambio real de servicios, e incluso pagaron gratificaciones a sus sobornados en consultas médicas y operaciones.
El fiscal Sáiz relata cómo los fondos no declarados al Estado fueron cambiando de manos y países (Hong Kong, Bélgica y Suiza, entre ellos) y se invirtieron en operaciones inmobiliarias que generaron grandes beneficios. También se realizaron operaciones de blanqueo de capitales, como inventarse deudas de una empresa con otra para después saldarlas con dinero robado del contrato angoleño.
Las tres empresas acusadas en el caso son la propia Defex (es la primera vez que una empresa pública llega a juicio como acusada), Comercial Cueto y Global Reach, que formó parte de la operación de la deuda ficticia.
Entre los 27 acusados hay ex responsables de Defex, Beatriz García Paesa y su hermano Alfonso, y varios testaferros.
Los delitos que se imputan a los acusados, en distintos grados y participaciones, son: corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, organización y grupo criminal o, subsidiariamente, asociación ilícita, y los delitos continuados de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental.
https://www.elmundo.es/espana/2019/03/01/5c77e0a5fc6c83c20d8b45d3.html
